Fortalecen CCE’s propuesta conjunta para resolver crisis de seguridad y empleo en BC

Durante una reunión plenaria celebrada en Tijuana, el Consejo Técnico Estatal de los Consejos Coordinadores Empresariales (CCE´s) de Baja California presentó a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda un diagnóstico con propuestas puntuales para enfrentar retos en materia de seguridad, desarrollo económico y competitividad de los siete municipios.

En su intervención, el C.P. Roberto Lyle Fritch, presidente del CCE Tijuana y líder del Consejo Técnico Estatal de los CCE´s, explicó que la inseguridad representa el mayor obstáculo para la inversión y el bienestar en la entidad, por lo que planteó como prioridad el fortalecimiento de las academias de policía, con el objetivo de formar 1,000 agentes al año, y así abatir el rezago que enfrentan las corporaciones.

Explicó que actualmente la academia cuenta con capacidad para recibir hasta 500 cadetes por semestre, pero no tiene los recursos suficientes para convocarlos, lo cual ha generado un déficit crítico de policías municipales, estatales y custodios penitenciarios en todo el estado.

En ese sentido, propuso una estrategia compartida entre el sector empresarial y el gobierno para garantizar los recursos necesarios que permitan promover, reclutar y capacitar a más elementos desde las academias, con el fin de profesionalizar y dignificar la labor de seguridad pública en todos los municipios, pues se estima que existe un déficit de 2,262 agentes, sólo en Tijuana y 7,146 agentes en el Estado.

Lyle Fritch destacó que esta reunión fue una iniciativa del propio CCE, donde, a pesar del formato escueto, se lograron plantear con claridad las prioridades transversales como la inseguridad y la pérdida de empleo, que afectan gravemente a toda la entidad.

“Como resultado, uno de los acuerdos más relevantes fue que la gobernadora se comprometió a sostener reuniones individuales con cada presidente de los Consejos Coordinadores Empresariales municipales para dar seguimiento puntual a los planteamientos de cada ciudad”, expresó.

En el caso de Tijuana, dijo, el CCE presentó datos del Observatorio Social de Baja California que muestran una percepción de impunidad superior al 80 %, así como una expansión del cobro de piso hacia múltiples delegaciones, lo cual afecta directamente a las pequeñas empresas del comercio, los servicios y el transporte.

“En Playas de Rosarito se advirtió que persisten casos de extorsión por parte de cuerpos policiales tanto estatales como federales, lo cual ha provocado una caída de hasta el 20 % en la ocupación hotelera, además de afectar la imagen del destino turístico y generar temor entre residentes y visitantes”, precisó.

Aunado a ello, expuso, se reiteró la urgencia de ordenar las zonas federales ante el descontrol urbano y la contaminación costera.

Respecto de Mexicali, se habló sobre el déficit de inversión en transformación y distribución de energía por parte de la CFE donde se solicitó la gestión de la gobernadora; la necesidad de agilizar la obtención de nuevos permisos del programa IMMEX, las devoluciones de IVA y el beneficio de la tasa reducida del 20% en el ISR para el sector agropecuario.

En Ensenada, agregó, se pidió reactivar proyectos viales detenidos y establecer carriles exclusivos para el transporte de carga, y se propuso un plan hídrico de emergencia que atienda el déficit de agua potable, las fugas por infraestructura obsoleta y el deterioro de las plantas de tratamiento.

Para el caso de Tecate, subrayó el líder empresarial, el enfoque se centró en el impulso a obras de conectividad como el acceso Este, nodo La Paleta, paso a desnivel El Bajío y la viabilidad de una nueva planta de tratamiento en la Zona Este.

Cabe mencionar que tras la reunión plenaria se llevó a cabo la instalación del Consejo Estatal Empresarial de BC, cuyo objetivo será fortalecer la agenda de competitividad y una política integral de desarrollo económico para el estado.

Finalmente, Roberto Lyle aseguró que los CCE´s de Baja California reiteraron su disposición a trabajar en conjunto con las autoridades para resolver los retos estructurales que afectan la seguridad y el crecimiento económico de la entidad, y confió en que este diálogo se traduzca en una agenda efectiva con resultados verificables para cada ciudad.