En su balance sobre el primer tramo de la administración de Claudia Sheinbaum, el CCE Tijuana reconoció logros en el combate a la delincuencia organizada y en el Plan México para fortalecer la proveeduría local, pero alertó sobre rezagos en inversión, formalidad empresarial y crecimiento económico.
En el marco de la presentación del primer Informe de Gobierno de la presidenta de la República, el C.P. Roberto Lyle Fritch, líder del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Tijuana emitió un balance sobre los primeros 11 meses de la administración federal.
En ese tenor, el dirigente empresarial destacó como un acierto la estrategia nacional denominada “Plan México”, orientada a la industrialización y a la prosperidad compartida, el cual busca elevar el contenido nacional y regional en sectores estratégicos como el automotriz, aeroespacial, electrónico y de semiconductores.
“Hay que reconocer a la presidenta Sheinbaum en estos primeros 11 meses por temas como el Plan México, que busca incrementar el valor agregado de la proveeduría local, y trabajar con empresas importadoras para reducir las importaciones y fortalecer cadenas globales de valor”, señaló.
Otro aspecto positivo, resaltó, fue el cambio de estrategia en materia de seguridad pública, donde se ha priorizado la investigación y la inteligencia para el combate a la delincuencia organizada.
Lyle Fritch subrayó que parte de estos resultados son los decomisos de drogas, detenciones de alto impacto y una reducción del 25.3% en homicidios dolosos, al pasar de más de 90 diarios en el sexenio anterior a un promedio de 65.
Sin embargo, advirtió sobre rezagos importantes en materia de crecimiento económico, ya que al mes de julio, el Producto Interno Bruto (PIB) nacional registró apenas un 0.2%, lo que coloca a México en el último lugar de Latinoamérica, por encima únicamente de Venezuela.
En ese sentido, el dirigente mostró preocupación por la pérdida de empresas y el aumento de la informalidad, la cual alcanzó un 57.2% a nivel nacional, equivalente a que seis de cada diez negocios operan fuera del marco legal, lo que limita la recaudación y deja a los trabajadores sin acceso a prestaciones ni seguridad social.
Otro tema que ha generado incertidumbre en la iniciativa privada, agregó, es la caída de la inversión nacional, atribuida en gran parte a la reforma judicial y a las tensiones comerciales que han derivado en aranceles de hasta 50% para acero y aluminio, y de 25% para autopartes de origen mexicano.
Además, el líder empresarial subrayó la necesidad de que la Secretaría de Hacienda actualice las tablas para calcular el Impuesto sobre Productos del Trabajo, que no se modifican desde hace siete años, lo que afecta directamente a los trabajadores con menores ingresos.
“Nuestros colaboradores en Baja California tienen un salario mínimo 50% más alto que en el resto del país, pero se aplican las mismas tablas, lo que genera un cobro de hasta el 51% en impuestos cuando reciben alguna prestación adicional”, apuntó.
Finalmente, Roberto Lyle advirtió que, sin un crecimiento económico sostenido y sin una estrategia clara para frenar la pérdida de empresas y el avance de la informalidad, los logros en seguridad y en política industrial corren el riesgo de quedarse cortos.
