Tijuana.-La demanda de amparo presentada en contra de las modificaciones que pretende realizar la administración morenista de Jaime Bonilla a los edificios del Centro de Gobierno, Biblioteca Pública e Instituto de Cultura en Tijuana se interpuso por el daño que se provocaría a un grupo de profesionistas, a los vecinos y a la comunidad escolar, no se incluyó el perjuicio que causará a los burócratas que laboran en esos lugares pues pidieron no ser adheridos luego de ser amenazados por el titular del Ejecutivo Estatal.
“Es una más de las ocurrencias por parte del gobierno del Estado a través de su gobernador, no es posible que el, por la institución en el Estado, sea el primero en violentar el estado de derecho, la cultura de la legalidad, en donde incluso está incurriendo en recursos penales”, explicó, el abogado.
De acuerdo con el abogado Carlos Atilano y el presidente estatal de la Asociación Nacional de Abogados, Rafael Mauricio Cruz Manjarrez, el amparo solicitado esta mañana en la sede de los juzgados de distrito, incluye la solicitud para que se dicte la suspensión provisional de los actos toda vez que el daño que podría sufrir el acervo de la Biblioteca Pública, sería irreparable.
“Este amparo es más genérico porque protege todas las instalaciones del centro de gobierno, entonces aquí estamos destacando y mencionando, que hay una violación a los profesionistas y a la ciudadanía en general”, comentó, el abogado.
La resolución sobre la aceptación de la demanda de amparo y la suspensión provisional podrían sucederse en el término de 48 horas. La resolución de un juez en favor del Patronato del Zócalo 11 de Julio actúa indirectamente a favor de este nuevo recurso legal.
