Tijuana, 6 de diciembre de 2022.- En el país se vive un estado crítico de violencia hacia los menores y el no atender sus causas durante muchos años ha provocado que más de 300 hayan sido víctima de homicidio doloso en Baja California en los últimos 5 años. El reto para la protección de los niños, niñas y adolescentes les compete a los tres niveles de gobierno que ya que permiten que el 90% de esos casos queden impunes.
En entrevista, Miguel Ángel Mora Marrufo, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California, explicó que en los últimos años se han detectado tres omisiones por parte de las autoridades municipal, estatal y federal en materia de atención al incremento de asesinatos de menores de edad.
Refirió que al no atender las causas de la violencia e identificar zonas de riesgo, tampoco se hace un esfuerzo por rescatar a los menores que son víctimas potenciales de sufrir una agresión o bien de ser reclutados por grupos delictivos, además, puntualizó que mientras siga la impunidad, se corre el riesgo de que se siga habiendo menores víctimas de violencia.
“Seguimos en un país en el que más del 90% de los delitos ni se sancionan ni se investigan y mucho menos se lleva al culpable tras las rejas, mientras no haya un mensaje de impunidad contundentes, sobre todo a quien, contra los grupos de atención prioritaria, es difícil que lo que cometen el delito tengan un castigo y un señalamiento frontal”.
De igual forma, reiteró que es necesario que se fortalezcan los espacios de protección para menores, ya que de acuerdo a estudios, quienes corren mayor riesgo de ser víctimas de delito o de ser reclutados, son los menores que fueron acogidos por los sistemas de protección del DIF.
