El negocio oculto de los medidores: CESPT beneficia a empresa de exdirector despedido por corrupción
Desde hace varios años, el organismo operador de agua dejó de adquirir medidores para el sector comercial e industrial, trasladando la obligación de compra directamente a los usuarios. Sin embargo, detrás de esta decisión no sólo hay omisión administrativa: existe un posible negocio encubierto que favorece a una empresa privada propiedad de un polémico exfuncionario, cuya historia está marcada por actos de corrupción y abuso de poder.
La investigación realizada por este medio confirma que la empresa privada “Gestión Hídrica Integral” a la que el organismo canaliza a los usuarios comerciales e industriales para adquirir sus medidores es propiedad de Gonzalo López López, exdirector de la propia dependencia.
López López fue destituido tras verse involucrado en un escándalo que incluyó la conducción de un vehículo valuado en más de un millón de pesos, propiedad de un proveedor del organismo, así como su participación en un accidente en el que atropelló a una persona de la tercera edad.
Pese a haber sido separado de su cargo, la empresa de su propiedad se convirtió, de facto, en la única opción para los usuarios que requieren instalar medidores, con la anuencia de la administración actual y bajo la responsabilidad de Marco Antonio Barraza Diarte, Subdirector Comercial.
Los usuarios afectados, principalmente del sector comercial e industrial, deben acudir directamente a dicha empresa para adquirir sus medidores a precios que no han sido regulados ni supervisados por la autoridad. Esto genera un gasto adicional injustificado, ya que anteriormente el organismo adquiría estos dispositivos a menor costo y ofrecía la instalación como parte del servicio.
“Nos mandan directo con esa empresa, no nos dan opción. Todos sabemos que es del exdirector, pero nadie nos dice por qué tenemos que comprarles a ellos”, expresó uno de los empresarios afectados.
Hasta ahora, no existe un convenio, licitación pública o documento oficial que justifique por qué el organismo operador de agua dejó de adquirir medidores y decidió beneficiar exclusivamente a la empresa de un exfuncionario cuestionado.
Tampoco se han hecho públicos los ingresos obtenidos por la empresa ni la posible relación comercial entre el organismo y dicho proveedor.
Este medio solicitó entrevistas con Marco Antonio Barraza Diarte para conocer su postura y la justificación oficial de esta práctica, pero hasta el cierre de este reportaje no hubo respuesta.
Las autoridades han evitado pronunciarse sobre el evidente conflicto de interés que representa que un exdirector, destituido por actos de corrupción, mantenga un negocio directo con la dependencia que dirigió.
La decisión de canalizar la compra de medidores a un proveedor único, con antecedentes cuestionables, afecta directamente a los usuarios, quienes no tienen alternativa para adquirir estos dispositivos y deben pagar precios fijados unilateralmente.
Además, representa un posible desvío de recursos y una violación a los principios de transparencia, competencia y responsabilidad administrativa, al permitir que un exfuncionario beneficiado por la red de poder siga lucrando con un servicio público esencial.
Este reportaje evidencia una red de intereses privados operando desde las entrañas de un organismo público. Lo que debería ser un servicio básico y transparente se convirtió en un negocio privado que favorece a un exfuncionario vinculado a actos de corrupción, con la complicidad de quienes hoy dirigen la dependencia.
