Tijuana.-La Ley de Economía Circular aprobada el diez de febrero en el Congreso de Baja California, sin estudios, análisis de la cadena de valor en fases de producción, distribución, y consumo de las actividades significativas que se desarrollan en el Estado, advirtió Christian Omar Armas, representante de la asociación civil CIBRUC en la entidad.
El especialista en temas de medio ambiente sostuvo que, en dicha ley, propuesta por el Diputado del PVEM, Fausto Gallardo, no se consideraron las actividades de agricultura, ganadería, turismo, industria, comercio y minería, entre otras.
Afirmó que se requiere de un diagnóstico básico que nos permita saber el volumen y tipo de residuos que se generan actualmente en el Estado de Baja California, no se puede dar una “receta” con la cura, sin antes hacer los estudios necesarios para saber cuál es nuestra “enfermedad”.
Para el ambientalista el problema de los residuos sólidos urbanos no está en las leyes y normas, si no en aplicarlas correctamente.
Recordó que los municipios están a cargo de la correcta gestión de los residuos, sin embargo, los malos manejos de administraciones pasadas y de las actuales, nos tienen en una crisis ambiental, económica y de desarrollo.
Reiteró que las concesiones y el monopolio por parte de la empresa Promotora Ambiental (PASA – GEN), bloquean la posibilidad de implementar programas de separación, reciclaje y aprovechamiento en los municipios, ya que dichos contratos cuentan con la exclusividad de los residuos.
Manifestó que dicha empresa tiene el compromiso en contrato de construir plantas de separación, reciclaje y aprovechamiento de los residuos, lo cual incumplen, en tanto Ayuntamientos y el Gobierno del Estado, no supervisan o sancionan a dicha empresa.
Consideró que, en este caso, se debe aplicar el artículo 2 de la Ley General de Competencia Económica que prohíbe las prácticas monopólicas, y así poder fragmentar dichos contratos irregulares, para la implementación de programas de separación y reciclaje.
En este sentido, Christian Omar Armas, dijo que se hace un llamado al Diputado Fausto Gallardo, para pedir que se actue en consecuencia de dicha empresa y aplicar las sanciones necesarias, como la revocación de las concesiones que incumplan contrato, norma y leyes establecidas por la Federación y Estado en materia de residuos.
Hasta hoy, señaló, los Ayuntamientos ni la Secretaría de Economía Sustentable y Turismo, no supervisan ni sancionan las afectaciones ambientales causados por dicha empresa al incumplir la ley, de esta forma pueda avanzar de formar positiva su Ley de Economía Circular en el Estado de Baja California.
Recordó que Baja California puede ahorrar alrededor de 500 millones de pesos en sobre costos por la mala correcta gestión de los residuos y obtener ingresos de hasta 350 millones de pesos anuales por la separación, valorización, reciclaje y aprovechamiento.
Reiteró que es momento de actuar y actualizar las políticas públicas en favor de la conservación del medio ambiente y aplicar la ley a toda empresa que contamine y dañe nuestros recursos naturales del Estado de Baja California.
