Tijuana, 12 de agosto de 2022.- La Alcaldesa y el Síndico Procurador cometen actos de corrupción al no sancionar a los cuarenta personas que presuntamente cobraban sin trabajar en la administración de la ciudad ya que fueron detectados hace casi un año y no se actuó con la celeridad que el caso ameritaba.
En entrevista, el presidente en Baja California de la Alianza Mexicana de Abogados, Rafael Maurizio Cruzmanjarrez explicó que desde el momento de la transición se había detectado esa irregularidad, debió haberse corregido a tiempo para evitar el daño patrimonial que se causó al erario.
Calificó de omisos a la Alcaidesa Monserrat Caballero y el Síndico Procurador, Rafael Leyva Pérez quienes tienen la obligación legal de cuidar el patrimonio y las finanzas municipales y también en quienes recae la responsabilidad de que quienes incurren en malas conductas, sean sancionados conforme a la ley.
Abundó que los posesionarios deben ser sancionados de acuerdo con lo que establece la ley de responsabilidades de los servidores públicos ante la falta de atención mostrada en este acto.
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