Tijuana, 4 de octubre de 2022.- El gobierno de Michoacán tiene firmado un convenio con el de Baja California mediante el cual se comprometió a abrir una oficina de gestión para atender a la comunidad de desplazados de esa entidad. La sede no se ha abierto y michoacanos en Tijuana demandan se detenga la inseguridad que afecta a esa región del país.
Información extra oficial refiere que el gobernador michoacano Alfredo Ramírez Bedoya, estaría en Tijuana este miércoles 5 de octubre, ante esa posibilidad, sus paisanas Silvia, Keilyn y María, aseguran que de poder hablar con el mandatario, le exigirían seguridad ya que la violencia es la que las hizo huir de sus lugares de origen
Silvia vivía en Zamora Michoacán, hace unas semanas abandonó su casa luego de que su hijo de 21 años fue desaparecido, añadió en entrevista que luego de hacer público su teléfono y nombre, durante la búsqueda de su hijo comenzó a recibir amenazas e intentos de extorsión, lo que la llevó a sentir temor de que algo le pudiera suceder al resto de su familia.
Por su parte, Keilyn, que vivía en Uruapan, expuso que su esposo combinaba su trabajo como panadero con el de Oficial de Tránsito, cuando de pronto detuvo un vehículo que se pasó un alto; en represalia un grupo de delincuentes llegó hasta su casa y los amenazó de muerte si no abandonaban la ciudad. Aseguró que también en su pequeño negocio fue víctima de cobro de piso, lo que la orilló a salir con toda su familia.
Por su parte, María, que vivía en Morelia, dijo haber sido víctima de secuestro exprés, narró que delincuentes la tuvieron retenida más de 24 horas y que desde hace dos años, las cosas se han descompuesto al grado de que sabe que saldrán vivos de su casa pero no tienen garantía de regresar.
Las desplazadas coincidieron en que la principal exigencia al gobierno de aquella entidad, es la garantía de seguridad y aseguraron que bajo ninguna condición regresarían a vivir a la ciudad de la que salieron huyendo.
Por su parte, el director del Albergue Juventud 2000, José María García Lara, recordó que existe el compromiso del gobierno michoacano de abrir una oficina de gestión en Tijuana, sin embargo, no se ha concretado. Consideró que, además, el gobierno de ese estado debe apoyar a la comunidad desplazada, estableciendo un albergue para recibirlos o bien apoyando a los de las organizaciones sociales que actualmente asisten a esa comunidad.
