Denuncian posible contubernio entre dependencia y empresa constructora

Janette De Los Reyes

Tijuana, 17 de abril de 2022.- Residentes del fraccionamiento Los Olivos viven en la incertidumbre pues hace varios años se contuvo del deslizamiento de una ladera en esa zona, sin embargo la construcción de un edificio multifamiliar está a punto de reactivar la situación.

Angélica Flores, vive en la calle Géminis de ese fraccionamiento, ella comentó como es que la ladera que se ubica entre su calle y la calle Aries comenzó deslizarse, si embargo para detener el problema, las autoridades se hicieron cargo de construir muros de contención lo cuales pretenden ser derribados por la empresa constructora.

“¿Quién del municipio o quién del estado vendió esos terrenos para construir?, porque esos terrenos estaban marcados como áreas verdes”, cuestionó la señora Flores.

De igual forma, hizo saber que tras denunciar la situación ante la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, personal de la dependencia se presentó 24 horas después para instalar una toma de agua sin medidor, misma con la que se está abasteciendo la construcción. Debido a esta situación existe la sospecha de que haya algún contubernio entre las autoridades y el representante legal de quien edifica.

“En esta calle y en esta colonia ni han metido ni agua potable ni drenaje ni ningún otro servicio para poderle dar servicio a treinta departamentos, creo que no hay un proyecto en el que el municipio esté consiente de lo que va a suceder”

Explica que existe el temor de que la ladera que está muy pronunciada pudiera venirse abajo con los trabajos que realiza la empresa que es representada por el Abogado Luis Javier Algorri quien fue funcionario durante la administración de Jaime Bonilla.

“Donde están construyendo es una bajante de agua por eso la dejaron así, porque en época de lluvia es una pluvial y no queremos imaginarnos, el agua va a tratar de encontrar una salida”, sentenció.

Los vecinos ya presentaron una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado para tratar de detener las labores que realiza la empresa constructora amparada en un juicio de transcripción que todavía no concluye.

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