Tijuana, 16 de mayo de 2022.- No existe un sistema jurídico mediante el cual abogados privados puedan certificarse y asumir la representación legal de los adolescentes que enfrenten cargos por cometer algún delito.
Esto lo dio a conocer la licenciada Harlene Arriaga, quien es la presidenta de la barra de abogadas “María Sandoval de Zarco”. En entrevista afirmó que los menores reciben la tutela jurídica por parte de los defensores de oficio, acción que limita el acceso a una buena representación.
“Quienes llevan el monopolio es Defensoría de Oficio, entonces no se ha encontrado ese puente entre los defensores particulares que se puedan certificar para poder dar la atención a niños, niñas y adolescentes de asuntos de justicia cuando cometen accidentes delictivos y hay una reincidencia”.
Reiteró que la importancia de que los menores estén bajo un proceso jurídico busca no solo castigar el posible delito sino que existen leyes y tratados internacionales que obligan a los jueces a emitir fallos anteponiendo el derecho superior de niños, niñas y adolescentes.
Puntualizó que muchos de los adolescentes que cometieron algún delito pudieron haber sido víctimas de corrupción de menores, situación que cambia completamente el panorama legal por lo que es importante trabajar en programas de rehabilitación y reinserción social para los menores.
“Tenemos que cambiar la visión en materia penal y no estar viendo siempre por la pena, es decir por las sanciones, sino es por la reparación del daño, ¿De qué manera yo voy a rehabilitar a esta persona, este niño o este adolescente para que pueda reinsertarse en la sociedad, tenemos que cambiar el enfoque en como estamos viendo porque en estas penitenciarías son escuelas para practicar sobre esta misma mafia, se va creciendo, si le apostamos muchos al sistema penitenciario pero no tiene programas preventivos que ayuden a la reinserción social va a salir a la calle y va a volver al mismo ambiente que lo llevó a esta penitenciaría”.
Por su parte, el Sistema Estatal Penitenciario aseguró no tener datos estadísticos respecto a cuantos menores hay bajo su custodia por la posible comisión de algún delito, cuántos están bajo proceso penal o bien cuantos ya fueron sentenciados.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Adolescentes en el Sistema de Justicia Penal elaborada por el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI) , en 2017 había 223 adolescentes internados a disposición de algún juez en centros penitenciarios de Baja California.
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